El juzgado ha ordenado retornar a Anna Tarrés sus funciones como seleccionadora nacional hasta finales de 2012, pero no ha tenido en cuenta sus reclamaciones económicas.
La seleccionadora había reclamado a la Real Federación Española de Natación (RFEN) 350.000 euros por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral al ser relevada de sus funciones tras los Juegos Olímpicos de Londres.
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